En la sesión del día 15 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Artículo 24 de la Constitución para consagrar definitivamente la libertad religiosa en nuestro país. Claro a reserva del procedimiento legislativo a seguir, pero ha sentado un precedente.
El texto objeto de modificación, quedó expresado de la siguiente manera:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público, como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.
Lo anterior representa la posibilidad de expresar mi creencia religiosa fuera de los templos, sin la necesidad de solicitar diversos permisos a diferentes estructuras gubernamentales. Ello significa por una parte la reparación de los excesos del pasado y la intolerancia religiosa del siglo XIX y durante la llamada “Cristiada” en el siglo XX. Pero también es un gran avance en materia de Derechos Humanos, porque el Estado se compromete a garantizar los derechos propios y fundamentales del hombre.
Ello no impide la existencia del auténtico Estado Laico, donde es sana esa distinción sin violentar la libertad religiosa. Uno no está peleado con la otra, se complementan porque cada uno se mantiene en su ámbito de competencia.
Celebramos el espíritu de la legislación al buscar consagrar derechos tan importantes como la libertad religiosa.
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