Hoy ha sido la noticia de “ocho columnas” el amparo otorgado
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ciudadana francesa Florence
Cassez. Ello gracias a la brillante ponencia de la Ministra Olga Sánchez
Cordero.
A raíz de ello, se ha desatado una ola de críticas
infundadas y como es natural en estos casos, sin fundamento o conocimiento de
causa. El otorgamiento del amparo a la ciudadana Cassez no fue por los crímenes
imputados sino por el proceso realizado en su caso.
A pesar de todas las opiniones, es necesario comprender el
meollo del caso. Los Ministros de la Corte no se expresaron por la inocencia o
culpabilidad, no la absolvieron de los delitos, sino se concedió el amparo por
el proceso irregular seguido en contra de Cassez, es decir, durante su proceso
penal se comprobó la violación de los derechos humanos y se puso de manifiesto
la incompetencia de quienes deben presentar las pruebas correspondientes.
Si alguien debe buscarse como culpable de la resolución de
la Corte, es a los montajes realizados para buscar “impartir” justicia y
demostrar capacidad de resolución de delitos. A la incompetencia de los
Ministerios Públicos quienes carecen de recursos para presentar pruebas a los
jueces y obvio su nula experiencia probatoria en los casos a su cargo. Pero lo
más grave, debe modificarse como factor probatorio los dichos por la autoridad encargada
de denunciar y presentar a los presuntos criminales.
Florence Cassez representa el verdadero problema de la
impartición de justicia, la suposición propia consagrado en los principios
generales del derecho y el cual debiera regir el Derecho Penal, se debe
privilegiar la presunción de inocencia hasta probar lo contrario.
Ello implica por tanto transformar el sistema de impartición
de justicia, donde se busque realmente llevar a cabo labores de investigación
apropiadas y toda una serie de elementos, los cuales un experto debe opinar
sobre ellos.
También como conclusión podemos afirmar, calma, primero
infórmate y ahora sí expresa opiniones. El asunto de Cassez va más allá de su
simple otorgamiento del amparo, sino de los vicios de los procesos penales en
México.
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