Las semanas transcurridas han sido testigos de diversos
hechos, desde el escándalo de la banda de 2.5 expropiada a MVS, la
desarticulación de las supuestas pruebas del fraude electoral; el artículo de
Le Monde sobre el fracaso de la “guerra contra el crimen”; los fanáticos
religiosos en Nueva Jerusalén y por supuesto, la cereza del pastel, la balacera
a una camioneta de la Embajada de los Estados Unidos.
Hace dos semanas el gobierno expropió a la empresa MVS la
banda 2.5 del espectro radioeléctrico. Dicha acción ha generado una serie de
especulaciones y revelaciones dignas de una novela. El gobierno federal insiste
en la justicia en la expropiación por no llegar al acuerdo con la empresa de la
familia Vargas, pero en realidad, dicha acción “legal” se debe a la revancha
por los dichos de la periodista Carmen Aristegui, quien cuestionó sobre un
supuesto alcoholismo por parte de Felipe Calderón.
El punto central es el pleito ya recurrente con la supuesta
libertad de expresión de nuestro país. Un periodista debe ejercer su derecho a
informar de forma responsable, pero también no debe ser sujeto a persecución por
sus dichos. En el fondo también se ve la disputa de poderes entre los grandes concesionarios,
quienes están afilando los cuchillos para obtener una tajada de la banda.
Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación ha comenzado poco a poco a desechar las supuestas pruebas de las “irregularidades”
en el proceso electoral del pasado julio, provistas por el Movimiento
Ciudadano.
Después de llevar un corral y otra serie de objetos, los
magistrados han afirmado la improcedencia de las pruebas, sólo falta esperar el
fallo a los documentos presentados y así poder dar la constancia de mayoría al
candidato ganador. El problema será las acciones siguientes de Andrés Manuel al
verse derrotado nuevamente. Seguramente las posteriores medidas serán
radicales.
En otras cosas, en el Estado de Michoacán en un poblado
llamado Nueva Jerusalén, un puñado de fanáticos religiosos, ha impedido a los
niños y jóvenes de esa comunidad el poder tomar clases. En acciones anteriores
incendiaron las instalaciones escolares y lo siguiente fue detener el inicio
del ciclo escolar.
Lo triste del caso es la imposibilidad de las autoridades
para impedir este tipo de actividades, pero más aún, la Secretaría de
Gobernación, no ha tomado cartas en el asunto para limitar el florecimiento de
este tipo de sectas nocivas y destructivas. Ahora esperemos en qué concluirá el
conflicto en ese ya de por sí, lastimado Estado del país.
¡La cereza del pastel! Hoy por una confusión, elementos de
la Policía Federal, balearon un vehículo diplomático procedente de la Embajada
de los Estados Unidos. Gracias a la oportuna intervención de un miembro de la
Secretaría de Marina, fue que el incidente no terminó en una catástrofe
internacional.
Un poco de todo, pero pronto veremos el desenlace de algunos
de los hechos comentados, esperando sean para bien.
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